Frente a lo dicho por parte de la CIDH, es claro que el Gobierno mantiene esfuerzos y avances en todos los frentes de implementación del Acuerdo en su política de Paz con Legalidad

• Recursos para la reforma rural  se han mantenido a pesar de la pandemia del COVID19 
• Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territtorial son reconocidos por la OEA como uno de los avances sustantivos en reforma rural
• La seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación es trabajo permanente para el gobierno y las demás instancias del Estado colombiano 

Bogotá, julio 29 de 2020.- El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila destacó  el reconocimiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su más reciente informe, a los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como uno de los avances sustantivos en la implementación de la Reforma Rural Integral.

El cumplimiento del punto uno del acuerdo, es una prioridad en la política de Paz con legalidad que se evidencia con la asignación de presupuesto para ese fin: “sobre los recursos de reforma rural recordó que en 2018 se identificaron $964.379 millones, en 2019 de $2.7 billones y en 2020 de $3.2 billones, lo que muestra su relevancia”, señaló Archila. 

Los avances logrados se reflejan con las acciones impulsadas que han permitido en el actual gobierno ingresar 778.989 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, equivalente a 2.426 predios, para un total de 1.005.820 hectáreas, y que corresponde a un aporte del 77% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo. La meta a 12 años era ingresar tres millones de hectáreas al Fondo de Tierras.

El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) ha recibido un total de 125.513 solicitudes para inscripción, de las cuales 8.093 corresponden a solicitudes recibidas durante el Gobierno del Presidente Duque. 104.801 son solicitudes habilitadas y 81.820 casos han finalizado, de las cuales 19.302 solicitudes han sido resueltas en este gobierno.

Los nueve millones de colombianos afectados por algún hecho victimizante son el eje de la política de paz con legalidad. En promedio una de cada tres víctimas en el país  está ubicada en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

El gobierno ha mantenido de manera ininterrumpida la asistencia a los casi 13 mil excombatientes en proceso de reincorporación social, económica y política. A 30 de junio se han aprobado 57 proyectos productivos colectivos y 1.387 individuales que benefician a 4.340 reincorporados y sus familias.

“El pasado 20 de julio, según lo establecido en el Estatuto de la Oposición, miembros del Congreso designaron a una congresista del partido Fuerza alternativa revolucionaria del Común Farc, como Segunda Vicepresidenta del Senado de la República, hecho que evidencia el respeto a las garantías necesarias para participar en democracia. Y hace un año el Estado Colombiano garantizó las condiciones de seguridad para la participación de ese partido en las elecciones que se llevaron a cabo en octubre de 2019, en las cuales no fue asesinado ni secuestrado candidato alguno de ese Partido.”, afirmó Archila.

En materia de seguridad, el Gobierno del presidente Duque consolidado el esquema Estatal para la protección de la población en proceso de reincorporación -excombatientes de las Farc, sus familias y miembros del nuevo partido político.

Igualmente, se encuentran implementados 260 esquemas individuales, colectivos, en antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y sedes para beneficiarios de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. 

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia de la policía y el ejército se ha logrado el esclarecimiento del 46,8% de las afectaciones contra personas en reincorporación.

Según cifras de la Unidad Especial de la Fiscalía, 102 personas han sido privadas de la libertad y 204 están vinculadas a las investigaciones. Hasta el 22 de julio se han dictado 28 sentencias condenatorias. De los 118 casos esclarecidos se estableció que en 91 de ellos los victimarios son GAOR, ELN, Clan del Golfo, EPL, Caparros

En su respuesta a la CIDH, Archila relacionó de manera detallada las medidas de protección y de prevención en materia de seguridad para los reincorporados que se mantienen en la legalidad y para los líderes campesinos que en los territorios promueven el plan de sustitución de cultivos.

Entre agosto de 2018 y junio, 2020 el Gobierno Nacional ha invertido en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) $854.651.160.165 (USD 224,9M) a través del Fondo Colombia en Paz, en el que se encuentran inscritas 99.079 familias.

Durante la vigencia del periodo de Gobierno se han reducido 15.295 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas de forma voluntaria y asistida, con una inversión de $13.402.103.538 (USD $3,5M). El acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del Programa es de 41.513.